La generación distribuida (GD) suele presentarse como una política pública robusta. Permite que los usuarios generen energía renovable, reduzcan su consumo de red e inyecten excedentes al sistema eléctrico. En teoría, todos ganan: el usuario, la red y el ambiente.
Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires, el régimen vigente exhibe una contradicción de fondo que merece ser discutida: la generación distribuida está formalmente habilitada y promovida, pero el diseño regulatorio desincentiva la inversión del usuario generador.
Aparte del problema del doble medidor solicitado para los usuarios T1 que evita recategorizarlos y capitalizar los ahorros por autoconsumo (ver acá el análisis y petición de su momento), con la reciente resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia (MIySP) Nº 17 del 8 de enero de este año, se suma un desincentivo económico en su facturación que reduce el valor real de la energía que los usuarios inyectan a la red.
El problema no es técnico ni ideológico. Es un problema de diseño regulatorio e incentivos.
El estándar nacional: qué dice y por qué importa la Ley 27.424 (2017)
La Ley Nacional 27.424, sancionada en 2017, estableció el marco de la generación distribuida en Argentina. Su núcleo económico está concentrado en el artículo 12, y en especial el inciso c) fija dos reglas centrales.
Por un lado, dispone que el valor a pagar por el usuario-generador debe surgir del cálculo neto entre el valor monetario de la energía demandada y el valor monetario de la energía inyectada, aclarando expresamente que dicho cálculo debe realizarse antes de impuestos.
Por otro lado, el mismo inciso agrega una prohibición categórica:
“No podrán efectuarse cargos impositivos adicionales sobre la energía aportada al sistema por parte del usuario-generador.”
La redacción no es casual ni decorativa. El legislador nacional buscó asegurar que la energía inyectada conserve todo su valor económico, evitando que impuestos, tasas o cargos —directos o indirectos— neutralicen el incentivo. El espíritu del artículo es claro: primero se reconoce plenamente la energía inyectada; después se aplican los cargos que correspondan sobre el resultado neto.
Ese fue el estándar conceptual del régimen nacional.
La ley provincial y una adhesión parcial que quedó sin objeto (Ley 15.325, 2022)
La Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 15.325 en el año 2022, declarando de interés provincial la generación distribuida de energía renovable. Esta norma suele ser presentada como una “adhesión” a la Ley Nacional 27.424, pero el texto legal muestra algo más preciso —y más limitado—.
La Ley 15.325 no adhiere íntegra y ampliamente al marco del régimen de la Ley 27.424. Lo que hace es establecer una adhesión específica, exclusivamente a los beneficios promocionales, impositivos, fiscales y de financiamiento previstos en la ley nacional.
Este matiz es central. Desde el punto de vista jurídico y regulatorio:
- no se incorporó el marco completo de la ley nacional,
- se tomó únicamente su dimensión promocional.
Ese esquema se sostenía mientras esos beneficios nacionales existían. El problema aparece con el DNU 70/2023 del Poder Ejecutivo Nacional al asumir la gestión de Javier Milei, que derogó los beneficios promocionales de la Ley 27.424. A partir de allí, la ley nacional sigue vigente como marco conceptual, pero los beneficios a los que la ley provincial decía adherir dejaron de existir.
El resultado es un hecho normativo poco discutido pero decisivo: hoy, la generación distribuida en la Provincia de Buenos Aires no se apoya en beneficios nacionales vigentes ni en una adhesión de ningún tipo al régimen nacional, sino que opera como un régimen provincial autónomo y diferente del nacional.
Eso no lo invalida, pero sí eleva la exigencia de coherencia interna de su diseño.
El FPCT y la modificación del artículo 20 de la ley provincial: dónde se introduce el quiebre
Dentro del sistema eléctrico bonaerense existe el Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT), un cargo parafiscal de hasta el 8% del valor de la factura antes de impuestos, histórico, destinado a sostener subsidios cruzados y el equilibrio del sistema. Su existencia, en sí misma, no está en discusión.
El punto crítico es cómo interactúa ese fondo con la generación distribuida.
El régimen original de generación distribuida individual, aprobado por la Resolución MIySP N.º 463/2023, establecía en su artículo 20 del Anexo I que la distribuidora debía facturar la energía demandada y descontar la energía inyectada para realizar la compensación correspondiente, sin incluir expresamente al FPCT en la ecuación.
Ese equilibrio se altera con la nueva Resolución MIySP N.º 17/2026, que aprueba la reglamentación de la Generación Distribuida Comunitaria y, en ese mismo acto, modifica el artículo 20 del Anexo I de la Resolución 463/2023. Allí se introduce explícitamente el siguiente criterio:
“En todos los casos, el Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT) se calculará sobre todos los conceptos eléctricos de la energía demandada, sin considerar el descuento de inyección.”
En la práctica, el efecto es sencillo de entender: el usuario puede generar e inyectar energía, pero paga el FPCT como si esa energía no hubiera existido. La inyección se reconoce, pero no reduce todos los cargos asociados al consumo. Cada kilovatio-hora inyectado vale menos.
Un régimen autónomo frente a un nuevo estándar nacional: la Ley Bases (2024)
A este escenario se suma un elemento nuevo y relevante: la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, sancionada en 2024, y su decreto reglamentario 450/2025.
Entre sus disposiciones, la ley y el decreto introducen un criterio claro respecto de la transparencia y depuración de las facturas de servicios públicos. En particular, el artículo 162 inciso e) de la ley y el artículo 40 inciso c) del Anexo II del decreto, establecen la prohibición de incluir en las facturas cargos ajenos al servicio prestado —como tasas o conceptos extraños a la prestación— en los servicios públicos de jurisdicción nacional, e invita expresamente a las provincias a adoptar criterios equivalentes.
La Ley Bases no deroga automáticamente los fondos provinciales ni prohíbe de manera directa cargos como el FPCT. Pero sí fija un estándar político y regulatorio muy claro: las facturas de servicios públicos deben reflejar, de manera transparente, los costos propios del servicio, evitando mecanismos que distorsionen precios o señales económicas.
En ese nuevo contexto, los cargos provinciales incorporados en la factura eléctrica quedan mucho más expuestos al escrutinio público y regulatorio, especialmente cuando afectan políticas que el propio Estado declara promover, como la generación distribuida.
El problema no es jurídico: es de diseño de incentivos
Este debate no es un ejercicio de legalismo. Es una discusión básica de política regulatoria. Las normas pueden ser formalmente válidas y técnicamente correctas, pero fallar si envían señales económicas contradictorias.
Hoy, la generación distribuida en la Provincia de Buenos Aires se apoya en un régimen autónomo, sin beneficios nacionales vigentes, y con una regla reglamentaria que reduce el valor económico de la energía inyectada. El resultado es un incentivo debilitado, especialmente crítico en proyectos de generación distribuida comunitaria, donde la previsibilidad financiera es clave.
La generación distribuida no fracasa por falta de leyes. Fracasa cuando el diseño regulatorio diluye los incentivos. Revisar cómo los cargos tarifarios interactúan con la energía inyectada no debilita al sistema eléctrico: lo fortalece.
Entender este problema es el primer paso para corregirlo.